Tanto la Política como el Código son accesibles para su consulta directa por todos los empleados a través de la intranet, y para los terceros a través de la página web. En concreto, el Código fue notificado personalmente a todos los miembros de órganos de gobierno, en el momento de su aprobación, quienes asumieron, por escrito, el compromiso de su cumplimiento.

El SGEC incluye también un Modelo de Prevención del Delitos (también aprobado en 2017) concebido con el objetivo de establecer las medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir la comisión de delitos y reducir de forma significativa su riesgo de comisión. Descansa sobre el principio de que “ningún tipo de utilidad o beneficio para la organización justifica la realización de actos tipificados por el sistema penal”, es decir, un principio de “tolerancia cero” frente a la comisión de actos delictivos. 

Tanto el Manual de Prevención del Delito como el análisis de riesgos penales serán íntegramente revisados durante el año 2024, motivado por el cambio de contexto interno y externo de la compañía. Esta actualización consistirá en un análisis y revisión de los potenciales riesgos, de acuerdo con las novedades legislativas, procesos y controles.

Estos tres pilares, Política, Código y Modelo de Prevención del Delitos constituyen la fuente de cuyo espíritu embebe el resto de normativa que la compañía se autoimpone y asume como propia, así como aquella que viene a desarrollar normativa imperativa.

En este sentido, Aciturri cuenta con diversas “(Sub)Políticas” que vienen a plasmar de forma más específica sus principios de actuación en ámbitos concretos, destacando la de Anticorrupción, Compras y Subcontratación, Conflict Minerals, Derechos Humanos, Privacidad y Protección de Datos y del Sistema Interno de Información. De ellas, estas dos últimas han sido fruto de desarrollo normativo en el año 2023.

Las (Sub)Políticas tienen, a su vez, desarrollo y/o complemento a través de procedimientos y guías elaboradas por la función de Compliance, con el objetivo de acercar y facilitar el conocimiento y cumplimiento de sus previsiones a toda la compañía. En este sentido, además de los ya existentes (por ejemplo, la Política de Uso de Dispositivos Electrónicos, el Procedimiento y Guía de Uso de Certificados Digitales, la Gestión de Conflictos de Interés, el programa de Formación de Corporate Compliance, Procedimientos de Export Compliance, Procedimientos de protección de datos personales –respuesta a derechos de los interesados, gestión de brechas de seguridad, etc.) se han desarrollado en el año 2023 nuevas normas, como el Reglamento del Canal de E&C, Procedimiento de otorgamiento y utilización de Poderes o Regulación sobre transferencia internacional de datos personales.

Tanto el avance en el desarrollo normativo del área de Compliance, como las actuaciones de gestión ordinarias llevadas a cabo durante el año, formaciones impartidas y objetivos estratégicos establecidos, son reportados periódicamente al Comité de Ética y Cumplimiento y al Consejo de Administración de la Organización, cerrando así la involucración vertical de la organización y facilitando la adecuada coordinación y alineación de principios, a través del conocido tone from the top.

Las conclusiones de los procesos de revisión y verificación periódica del modelo para prevenir, detectar y actuar frente a posibles riesgos penales en cumplimiento del mandato normativo del artículo 31 bis 5. 6º del Código Penal quedan recogidos en el informe de revisión anual realizado por el Compliance Officer, encargado de la detección de nuevos riesgos.

A efectos de garantizar que se ejerce el debido control en Brasil, se ha nombrado un representante de la función de Compliance, específicamente designado para ello (denominado internamente BCR, Business Compliance Representative), que asume una labor de coordinación y de aseguramiento de implantación de las políticas de la compañía.

Aciturri cuenta con una Política de Anticorrupción (última versión de 2018) con la que reafirma y refuerza la exigencia de los estándares de honestidad, integridad y transparencia como principios esenciales de actuación en el desarrollo de su actividad. Estos estándares son exigidos tanto internamente como a cualquier socio de negocio; y se fundamentan en el compromiso del más riguroso cumplimiento del principio de “tolerancia cero” frente a cualquier práctica que pudiera ser calificada como una conducta constitutiva de corrupción o soborno, entendido en sentido amplio.

Adicionalmente y en este mismo marco de cumplimiento, se continúa reforzando la exigencia de integridad en la cadena de suministro, revisando que los terceros con los que se relaciona poseen una cultura de cumplimiento normativo. Esto es posible a través de la incorporación de cláusulas contractuales específicas en los contratos comerciales (que venían incorporándose años atrás) que prevén la obligación de los socios de negocio de dotarse de sistemas de gestión que descansen sobre los principios y un marco de ética y cumplimiento similares a aquellos por los que la compañía aboga; y previendo como supuesto resolución contractual el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en este sentido.

En esta misma línea de fortalecer la diligencia debida de la cadena de suministro, Aciturri cuenta con un código de conducta para proveedores desde el año 2022, cuyo cumplimiento se exige contractualmente mediante su incorporación como documento anexo.

El círculo de la diligencia debida se completa con la actualización, en 2023, de la (Sub)Política de Compras y Subcontratación para Proveedores, que contiene los principios que se exigen a todos los proveedores y que vienen a completar y complementar las condiciones y exigencias impuestas por las normas locales, nacionales e internacionales, así como aquellas que la compañía asume como propias e incorpora como exigencia para el mantenimiento de una relación comercial.

Esta diligencia tan acusada del principio de “tolerancia cero” frente a cualquier acto delictivo, en general, y de corrupción en particular, también se despliega hacia el interior de la organización, no sólo a través de la Política de Ética y Cumplimiento, el Código Ético y el Manual de Prevención del Delito, sino también con procedimientos y guías  específicas como son: la guía de Regalos y Hospitalidad; el Procedimiento para la gestión de conflictos de interés; el Procedimiento para la aprobación de donaciones y patrocinios, Procedimiento de otorgamiento y utilización de Poderes. Todos estos documentos se encuentran publicados en la intranet corporativa.

El compromiso de Aciturri con el cumplimiento normativo es especialmente relevante para con los Derechos Humanos. La compañía es consciente de que las empresas tienen no sólo la responsabilidad de respetarlos, sino la capacidad para contribuir de manera positiva en su desarrollo. Y este compromiso no implica únicamente a sus miembros, sino a toda su cadena de valor.

Como vía de formalización de este respeto, Aciturri cuenta con una (Sub)Política de Derechos Humanos desde 2020, que toma como referencia la Carta Internacional de Derechos Humanos, Convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Convención Europea de Derechos Humanos (DD.HH.).

Esta (Sub)Política de DD.HH. se desarrolla a través de la (Sub)Política de Conflict Minerals, mediante la que afianza el proceso de Diligencia Debida orientado a contribuir a la gestión responsable global de las cadenas de suministro, con especial énfasis en minerales y metales que procedan de regiones frecuentemente afectadas por conflictos armados y/o vulneraciones generalizadas y sistemáticas del Derecho Internacional.

Durante 2023, se ha lanzado un análisis por parte del área de Compliance y el área de Supply Chain, una auditoría sobre minerales en conflicto, para confirmar que ninguno de los proveedores obtiene minerales que procedan de lugares en conflicto o con vulneración sistemática de los Derechos Humanos.